UPyD Benidorm exige la retirada de la ordenanza contra la mendicidad

Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Benidorm ha presentado alegaciones contra la modificación de la Ordenanza núm. 2 de Usos de las Zonas de Uso Público, más conocida contra la mendicidad, exigiendo su no aprobación definitiva.

Desde que la Corporación de Benidorm aprobase en el pleno municipal del pasado 11/06/2013 la modificación de dicha ordenanza, ha pasado más de un mes para publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP) del pasado 15/07/2013 con lo que el periodo de 30 días hábiles para hacer alegaciones esta vigente.

Desde UPyD Benidorm cuestionan cuál ha sido el motivo de esta tardanza en la oficialización de lo aprobado en pleno siendo un gran ejemplo de inactividad administrativa o simplemente ha sido una táctica para intentar que pase desapercibido tan polémico y desafortunado tema.

UPyD denuncia que las propuestas introducidas desde la concejalía equiparan a las personas que ejercen la mendicidad por necesidad con la realizada por organizaciones criminales. No es sólo ineficaz para resolver el problema de las mafias, sino que supone un agravio comparativo de difícil justificación. De hecho, según sus fuentes de la Policía Nacional, no hay constancia de que se haya formulado denuncia alguna sobre la existencia de una mafia organizada que explote las situaciones de mendicidad mediante hechos delictivos.

La coordinadora local de UPyD, Mª José Sánchez, ha propuesto “un protocolo donde sea la Policía Local quien coordine una labor de recogida de información por parte de los ciudadanos, empresarios, colectivos (como ONGs) que pudieran corroborar la existencia de una mendicidad organizada, y al objeto de dar traslado y formalizar, en su caso, las correspondientes denuncias ante la Policía Nacional, única competente para perseguir estas prácticas delictivas”.

Sánchez ha añadido que “el medio adecuado para combatir estas situaciones no se encuentra en el régimen sancionador, sino en una mejora de los servicios sociales. Por ello, es crucial
reforzar el papel de los servicios sociales municipales, convenciendo a las víctimas a denunciar, ofreciendo garantías de protección y auxilio alimenticio”.