Una gran concesionaria denuncia al juzgado los impagos del Ayuntamiento

El azote de la deuda que las arcas municipales de Benidorm mantienen con las concesionarias va en aumento. Una de esas grandes adjudicatarias, La Generala, que tiene contratado el servicio de parques y jardines de la población, ha denunciado ante el juzgado contencioso-administrativo número tres de Alicante al Ayuntamiento por esos impagos. La empresa reclamaría, según señalaron ayer fuentes municipales, más de 800.000 euros en concepto de deuda, a los que habría que sumar otros 200.000 por intereses de demora. El pasado 17 de febrero, el alcalde, el socialista Agustín Navarro, firmó un decreto para que un abogado defienda los intereses municipales en este caso.

La Generala atraviesa una situación difícil. Se ha declarado en preconcurso de acreedores debido al dinero que le debe no sólo Benidorm, sino también otras administraciones del país, entre las que destacan las de los gobiernos autonómicos de Valencia y Murcia, y que asciende en total a 90 millones. De ahí que hasta cierto punto es normal que se haya decidido a acudir a los juzgados con el fin de justificar ante los bancos y acreedores los impagos que está sufriendo. Pero eso no es óbice para que sea inquietante el hecho de que Benidorm tenga ahora la deuda con esa mercantil en el sitio que menos le gustaría: ante un tribunal.

La denuncia se produce justo cuando el gobierno local del PSOE y los Liberales han acordado renegociar a la baja todas las deudas -así como los costes y los servicios- no sólo de la Generala sino del resto de concesionarias que prestan servicios públicos. En este sentido, el hecho de que se abra la puerta a que una sentencia reclame el pago de esa deuda al Consistorio supone todo un problema, especialmente porque en esa reclamación judicial se incluye no sólo el dinero que el Ayuntamiento adeuda a la Generala sino también los intereses por el retraso en esos pagos. Y precisamente, la posibilidad de que esas mercantiles no exijan los citados intereses a cambio de que el Consistorio establezca al fin un calendario de pagos podría ser una de las bazas en la negociación que ahora se quiere emprender. Pero será difícil. Y la reclamación judicial de La Generala es un ejemplo, aunque no el único. Recientemente, el presidente de FCC en España, Baldomero Falcones, ya ha advertido de que no piensa perdonar ni un sólo euro de los 2.000 millones que tiene pendientes de cobrar de administraciones de toda España. Y Benidorm también es una de ellas.

Por si fuera poco, la deuda con las concesionarias sigue creciendo. De ahí la urgencia de que se renegocie con esas empresas. Socialistas y Liberales han dicho que por fin lo van a hacer, pero ese propósito no es nuevo: ya la legislatura pasada, el gabinete del PSOE se comprometió a sentarse con las mercantiles. E incluso estas últimas han llegado a proponer estudios para la reducción de sus servicios y por lo tanto de sus costes, con la finalidad de que a cambio el Consistorio aligere los números rojos contraídos. Pero por ahora no ha habido al respecto concreción ninguna.

En los últimos 4 meses, desde noviembre de 2011, el débito con todas las contratas de peso se ha incrementado en unos dos millones de euros. Y eso a pesar de que el Ayuntamiento ha realizado, sudando mucha tinta, algunos pagos a esas empresas: así, le abonó por servicios prestados 893.000 euros al gran gigante de la contrata pública en Benidorm, FCC, que realiza dos servicios de mucho peso: limpieza viaria y recogida de basuras por un lado y limpieza de edificios públicos por otro. Ese desembolso sirvió para que la firma pagara a sus trabajadores -había amagado con no hacerlo-, pero de cualquier manera en ese periodo de tiempo la deuda con la compañía se ha incrementado en 1,8 millones. Si se cuentan los intereses de demora, la deuda global con FCC rondaría los 52 millones. De vértigo.
También las arcas municipales han ingresado en estos últimos tiempos casi 200.000 euros en la cuenta de la adjudicataria del socorrismo, Rojuser, a la que no obstante aún se le deben más de 900.000 euros. La situación laboral de esta empresa es muy complicada: su personal lleva casi cinco meses sin cobrar, como se refleja en una pancarta colgada estos días junto al edificio consistorial.

El Ayuntamiento sí que ha cumplido a lo largo de estos 4 meses con La Generala, paradójicamente la empresa que la ha denunciado. De cualquier forma, a la plantilla de esa empresa también se le deben dos meses. Por fin otras dos mercantiles que han visto incrementada su deuda -ver cuadro adjunto- han sido Sice -encargada de los semáforos y la señalítica- y Ageval, que realiza el mantenimiento del Ayuntamiento y el Palau d’Esports.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *