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Un particular reclama una deuda de 2,7 millones de euros por una expropiación

U n particular ha reclamado al  el pago de 2,7 millones de euros, además de intereses, cuyo abono está pendiente a raíz de la expropiación de una parcela de su propiedad incluida en el futuro parque de Foietes.
El justiprecio de la expropiación lo fijó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en 3,6 millones de euros -más los intereses correspondientes- en un auto de abril de 2011.

Sin embargo, tal y como recoge la documentación a la que ha EFE ha tenido acceso, el Ayuntamiento ya abonó al propietario 898.840 euros en noviembre de 2010, por lo que le restarían por cobrar los 2,7 millones de euros que ahora reclama.
Según recuerda el propietario en un escrito presentado al Ayuntamiento, el auto del TSJCV de abril de 2011 daba a la administración un plazo de tres meses para pagar el justiprecio.

Este auto quedó en suspenso hasta el pasado febrero, momento en que el Tribunal Supremo no admitió un recurso de casación presentado por el Ayuntamiento contra la decisión del TSJCV.

Además, el TSJCV ha dictado ahora un nuevo auto de ejecución provisional en el que insta al Ayuntamiento a pagar parte de la expropiación (881.662,01 euros) en un plazo máximo de tres meses.Según el propietario, la decisión del Supremo convierte en firme el auto del TSJCV, por el que se obliga al Ayuntamiento a pagar el justiprecio en tres meses.

Esta cantidad corresponde a la diferencia entre el justiprecio admitido en su día por el Ayuntamiento en base a informes internos (1,7 millones de euros) y lo ya pagado al propietario en noviembre de 2010.

Sin embargo, según apunta el propietario en su escrito en base al auto del TSJCV de abril de 2011, la cuantía total que tiene que abonarle el Ayuntamiento es de 2,7 millones de euros.

Por ello el propietario insta al Ayuntamiento a formular ante el TSJCV una «propuesta de pago» con cargo «a ingresos presupuestarios previstos, incluso con cargo a varios ejercicios presupuestarios», a que realice «pagos parciales periódicos» e incluya la cantidad pendiente «en el Plan de Pago a Proveedores», o bien que establezca otra propuesta para liquidar la expropiación.

Según la documentación a la que ha tenido acceso EFE, el periplo judicial de esta expropiación comenzó en 2006 cuando el propietario de la parcela -de unos 4.000 metros cuadrados- interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante.

En marzo de 2009 el TSJCV dio la razón al propietario e indicó que el justiprecio debía fijarse con arreglo al valor que tenía el suelo en el momento que se inició el expediente de expropiación.
El Ayuntamiento, que no se personó en la causa hasta tiempo después de la sentencia del TSJCV de 2009, calculó la actualización del justiprecio en 1,7 millones de euros.

Sin embargo, el TSJCV tomó como válido el informe de un perito externo contratado por el propietario que fijó el precio de la expropiación en 3,6 millones de euros.

Fuentes municipales han señalado a EFE que el Ayuntamiento baraja presentar un recurso al auto de ejecución provisional del pasado 6 de junio, puesto que el desembolso de 881.662,01 euros supondría en estos momentos un perjuicio grave para las arcas municipales.
Las mismas fuentes han recordado que en 2010 se ofreció al propietario pagar la expropiación en especies, permutando su suelo por parcelas del PP 4/1 Ciudad Médico Residencial.

Según las mismas fuentes, el propietario no estuvo conforme con la valoración que se hizo de ese suelo, pero no se opuso al pago en especies.

EFE

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