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Preocupación en el sector hotelero por la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual 1 26/09/2018

Preocupación en el sector hotelero por la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

Las nuevas propuestas que se están debatiendo dejan vía libre a las entidades de gestión para fijar tarifas y se suman a las alarmas que ya han encendido las empresas de radio y televisión.

Una vieja tormenta vuelve a cerrarse encima del sector hotelero español que puede llegar a comprometer la viabilidad futura de este sector tan estratégico para la economía y que llega en el peor momento cuando los datos del turismo español empiezan a resentirse.

La mayoría de los huéspedes de un hotel desconoce, que por el simple hecho de tener un aparato de televisión gratuita y en abierto, y por tener música ambiental en zonas comunes como recepciones, piscinas, etc., el hotel se ve obligado a pagar unas tarifas a diferentes entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, como son los representantes de guionistas, actores, productores, autores, dobladores de películas , etc.
Este asunto, ha sido motivo de fricción en el sector hotelero durante décadas ante las tarifas abusivas y arbitrarias que algunas de estas entidades pretendían, por lo que el sector vio con buenos ojos la aprobación de una ley de Propiedad Intelectual en el año 2014, que introducía criterios de equidad así como la creación de una Comisión que vendría a ser algo parecido a un árbitro neutral que dirimiera las cuestiones relativas a los derechos y su cuantificación.

Sin embargo, los principales grupos de arco parlamentario español han cedido ante la presión del poderoso lobby de las entidades de gestión (SGAE, EGEDA, AGEDI, AISGE Y AIE) sin preocuparse por conocer el impacto y la opinión de los miles de empresas del sector turístico, en su inmensa mayoría pequeñas y medianas empresas, que resultarán directamente perjudicadas por esta reforma. El pasado día 19 de septiembre se presentaron unas enmiendas  al Proyecto de Ley que tramita el Congreso de los Diputados para modificar la Ley de Propiedad Intelectual y éstas son las que han hecho saltar las alarmas porque debilitan el ya de por si frágil mecanismo de control de esos precios que se había aprobado recientemente.

En muchas ocasiones se ha demostrado que las entidades de gestión han abusado de su poder en el mercado para imponer precios abusivos y discriminatorios. El sector hotelero ha sufrido directamente ese tipo de comportamientos y los ha tenido que combatir ante las autoridades de la competencia y los Tribunales de Justicia. Hace ya varios años, algunas entidades de gestión pretendían cobrar vía tarifa por la visualización de televisión generalista cantidades superiores incluso a las tasas turísticas que algunos gobiernos autonómicos han puesto en marcha.

Después de muchos años de conflictividad, el Tribunal Supremo y la Comisión Nacional de Mercados y de Competencia fijaron un conjunto de criterios para garantizar la equidad de los precios de las entidades de gestión. Esos criterios se trasladaron a la Ley, otorgando a la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual -organismo independiente creado en el seno del Ministerio de Cultura y Deporte-, la competencia para decidir los precios en caso de discrepancia entre las empresas del sector y las entidades de gestión.

Los principales grupos parlamentarios (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanso) han decidido volver al pasado sin dar tiempo a que el nuevo sistema demuestre su eficacia. Saben que el pasado es oscuro, así lo determinaron los jueces y la legislación de los países de nuestro entorno, por lo que llama poderosamente la atención que se trata de impedir que las empresas turísticas tengan la posibilidad de discutir los precios que les imponen las entidades de gestión y, en caso de discrepancia, confiar en un tercero independiente para que decida el precio.

Por eso, para abortar el diálogo entre los agentes del mercado con reglas imparciales y por miedo a la independencia de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, las enmiendas persiguen, entre otros objetivos, impedir que asociaciones como HOSBEC y la Confederación Española de Hoteles CEHAT y muchas otras puedan utilizar ese sistema alternativo de fijación de precios ante un órgano independiente.  El sector hotelero reclama algo razonable y sensato: que las entidades de gestión no fijen los precios libremente y a su exclusiva conveniencia sino que estén obligadas a negociarlos con el sector y, a falta de acuerdo, que sea un tercero imparcial, independiente y especializado en la materia el encargado de decidir el precio a aplicar.

Que los derechos de los creadores de cultura y de obras musicales y audiovisuales son merecedores de remuneración es algo que el sector hotelero no discute. La propiedad intelectual es igual que la propiedad física, y de la misma manera que un cliente paga por usar una habitación de hotel, un hotel tiene que pagar por usar la obra de un artista. Pero hay que remunerar a la cultura con precios equitativos pero no con cualquier precio,  y mucho menos con precios fijados unilateralmente por entidades que gozan del completo monopolio en la gestión de sus derechos. Sería tremendamente llamativo que la CNMC haya fijado cuantiosas multas para, por ejemplo empresas de rent a car por fijar precios, y que sin embargo el Parlamento venga a dar vía libre y carta de naturaleza a estas entidades para imponer al sector hotelero cantidades completamente inasumibles para servicios completamente residuales y no principales. En este sentido, es tremendamente llamativo cómo se han movido estas entidades entre los grupos políticos para impedir que un organismo regulador independiente pueda limitar sus abusos y poner sus tarifas en el mismo régimen de fijación que el resto de sectores económicos

Por este motivo, desde Hosbec consideramos que es de todo punto imprescindible que los grupos parlamentarios reconsideren las enmiendas que han presentado y se alce la voz de decenas de miles de pequeñas empresas de hostelería, que se han visto obligadas a aceptar abusos a lo largo de lustros y que no aceptan de nuevo volver a la situación anterior a la imposición unilateral de precios desproporcionados.

Este nuevo riesgo económico para el alojamiento turístico reglado vuelve a favorecer de forma clara y evidente a toda la oferta ilegal en viviendas que está hotelizando las mismas y que por supuesto no pagan canon alguno a ninguna entidad de gestión.

Las asociaciones de empresas de radio y televisión son igualmente afectadas por estas enmiendas y ya han advertido de los perjuicios de las mismas para el colectivo de telespectadores y radioyentes. La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), que agrupa actualmente a Mediaset, Atresmedia, Net TV (Grupo Vocento) Veo TV (Unidad Editorial), Secuoya, TRECE, Real Madrid TV y DKISS; y la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), que congrega a la práctica totalidad de las emisoras de radio comercial de nuestro país, entre otras, Onda Cero, COPE, Cadena SER, Radio MARCA o Kiss FM, etc. han mostrado su malestar y disconformidad ante las enmiendas tramitadas por la Comisión de Cultura del Congreso en relación con el Proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.

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