Jubilados de Benidorm, abandonados a su suerte por la Generalitat Valenciana

“No nos dejéis atrás”. Jubilados de Benidorm, abandonados a su suerte por la Generalitat Valenciana, suplican medidas urgentes contra un riesgo grave de salud pública al que se ven expuestos.

Los residentes del edificio de mayores de Benidorm, propiedad de la Generalitat Valenciana bajo la gestión de la Entitat Valenciana d ́Habitatge i Sol, mantienen su confinamiento -ordenado por el Estado- con gran temor ante un grave riesgo contra su salud debido a la existencia de un caso de Diógenes en la finca, que no se ataja por parte de la Generalitat.

Aunque el slogan de jubilados en Benidorm, pueda ser sinónimo de buena vida, alegría y diversión, la realidad de casi medio centenar de pensionistas, inquilinos del Edificio de Mayores Juan Antonio Baldoví de la localidad alicantina -construido sobre suelo municipal y gestionado por la Generalitat Valenciana, a través de Plan de Alquiler Protegido- es un verdadero tormento. A la casi absoluta desatención de la parte arrendadora en sus obligaciones más esenciales, como son el mantenimiento del inmueble y sus elementos comunes, y de seguridad, se une ahora a la inoperancia mostrada ante un fragante caso de Diógenes que los vecinos llevan soportando más de 9 años. 

La EVHA, herencia del antiguo EIGE e IVVSA, hace oídos sordos a las quejas vecinales, que desde hace años están motivadas por la actitud del citado vecino, completamente contraria a las normas básicas de convivencia, así como que supone el total incumplimiento del Artículo 27, Capítulo V, punto E de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que reza literalmente “Cuando en la vivienda tengan lugar actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas” el arrendador tendrá derecho a la suspensión, resolución y extinción del contrato. 

La situación descrita, que se alarga durante años, se ve agudizada por la desatención a las quejas vecinales, trasladadas repetidamente al administrador de la finca, y que actúa en nombre de la administración autonómica, estando éste total y absolutamente desaparecido de sus funciones para con los inquilinos desde la última reunión de enero. El grave riesgo al que se está exponiendo a esta “población sensible”, personas mayores y muchas de ellas solas, algunas con patologías leves que no les impiden llevar una vida normal, pero que se ven condicionadas sobremanera ante la realidad epidemiológica que lamentablemente estamos viviendo en el país, conlleva a que la realidad diaria de esta comunidad sea tan cruda como el riesgo de infección o contagio supone para el colectivo. 

Durante los primeros días de confinamiento, ordenado por el Estado a través del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes contra la pandemia del Covid-19 como emergencia sanitaria global, algunos de los vecinos del edificio afectado han insistido -por medio de llamadas telefónicas a la Entitat Valenciana d ́Habitatge i Sol (EVHA) entidad pública empresarial, adscrita a la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, en su oficina de Alicante- en que es necesaria la intervención inmediata de cuantos medios se dispongan para subsanar el problema grave de riesgo contra la salud por el estado del apartamento del inquilino citado. Por ello que –el pasado día 31 de marzo de 2020- y tras ser desoídas sus peticiones, se solicitó la asistencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que una vez personados en el edificio, no pudieron hacer más que comprobar la situación y elaborar un informe donde se refleja su actuación y la veracidad de los hechos reclamados. Dicha actuación refuerza el argumento de los vecinos ante su derecho a denunciar en los juzgados la situación que están viviendo; aunque lamentablemente la realidad actual les impide acudir a instalaciones benidormenses del Ministerio de Justicia a emprender las acciones legales pertinentes en defensa de sus derechos. 

Por más inri, y dadas las circunstancias de alerta de salud pública, los vecinos denuncian públicamente la situación en la que se encuentran. Del apartamento que este inquilino ocupa emana un hedor insoportable, ya que el citado vecino intruce enseres y ropas que extrae de los contenedores sociales de la vía pública, depositando cada vez mas residuos en el interior del apartamento en cuestión, hecho que ha obligado a los residentes a solicitar la presencia de dispositivos policiales; que han constatado las problemas de insalubridad que supone dicha situación. Al parecer, éste residente vive en el edificio de manera –supuestamente irregular- ya que convivía con su madre, una octogenaria dependiente que falleció el año pasado; quedándose él ocupando la vivienda, en clara muestra que contraviene los requisitos de uso establecidos por la Generalitat, que –entre otros- pasan por que los residentes sean “mayores de 60 años y no necesiten de la concurrencia de terceras personas para el desarrollo de su actividad diaria” condiciones que –de manera evidente- el ocupante de dicho apartamento no reúne. 

Por otra parte, la adjudicataria de la contrata de limpieza del edificio, actualmente Netalia -y que desde enero tiene encomendados los trabajos- no está llevando a cabo protocolo alguno de limpieza especial de elementos comunes, ni desinfección de ascensores, ni tan siquiera limpieza de cristales. La única empleada que acude al inmueble, dos días por semana y durante dos horas, no ha sido provista de equipamiento especial –tan necesario en esta situación de pandemia- manifestando, incluso, que los productos de limpieza necesarios para el desarrollo de su trabajo ha de pagarlos de su propio bolsillo, cobrando ésta poco más de doscientos euros mensuales, de los seiscientos cincuenta y cuatro euros que los vecinos pagan mensualmente por dicho servicio. 

Ya el año pasado, se produjo -con la anterior contrata- una dejadez de obligaciones durante más de tres meses, viéndose obligados los inquilinos a limpiar las zonas comunes, como rellanos y ascensores. La empresa Meset Develops S.L, que se encargaba de dichos cometidos, dejó de asumirlos entre los meses de agosto y diciembre de 2019. Una vez pasadas las fiestas de navidad, la Generalitat comunicó – por medio de una reunión celebrada con el conjunto de inquilinos- la llegada de una nueva contrata; la empresa Netalia iba a hacerse cargo de los trabajos que –por contrato se establecen- y que pasan por la limpieza de zonas comunes, cristales y garajes; obligaciones que tiene por contrato, pero que siguen incumpliéndose de manera evidente, ya que tan sólo se friegan los suelos de escaleras, ascensores y portal, permaneciendo el resto de zonas comunes del edificio casi en total abandono, según se puede comprobar en cualquier visita al inmueble. 

Por otra parte, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Benidorm –que mantiene abierta la extensión administrativa en los bajos del mismo edificio afectado- tampoco han actuado hasta ahora ante esta terrible situación. Es hoy, día 7 de abril de 2020, cuando el ayuntamiento benidormense ha actuado “in extremis” ordenando la intervención de un equipo de limpieza municipal, que ha procedido al desinfectado de la vivienda aludida, pero no al vaciado de los enseres que se acumulan en su interior. 

Esta actuación municipal es la penúltima opción que soluciona –provisionalmente- esta lamentable situación que mantiene a los residentes con extraordinaria preocupación. 

Por ello, el conjunto de residentes suplican una reacción de las autoridades competentes de manera inmediata. Los inquilinos del edificio de mayores Juan Antonio Baldoví de Benidorm se encuentran totalmente indefensos, desprotegidos y muy preocupados. La omisión del deber y obligaciones que -por ley- tiene encomendado el propietario del inmueble, podría derivar en una responsabilidad penal si se produjera una tragedia, producto de su actitud imprudente en caso de producirse un resultado doloso, derivado de esta, por la inexistencia de actuaciones consecuentes en atajar dicha situación. 

Por ello se solicita la urgente intervención de la Generalitat Valenciana ante la situación provocada por el vecino citado, y al mismo tiempo ante la contrata adjudicataria de limpieza para que refuerce el servicio que tiene obligación prestar e introduzca aquellas medidas establecidas en favor de higienizar la finca, cosa que sí están realizando las limpiadoras que acuden –con aparente normalidad- a las instalaciones de la extensión administrativa municipal Tanit, existente en los bajos del edificio, y que ocupan también la primera planta de este; limitándose éstas a limpiar sólo las dependencias municipales. 

En cuanto a la intervención solicitada al propietario de la finca, en pro de atajar el grave riesgo de salud al que se está exponiendo a los vecinos, se ruega encarecidamente la actuación de los servicios legales de la EVHA, reforzándola con el argumento testimonial de los propios vecinos y documental de los informes policiales y de servicios sociales personados en el inmueble, además de la requerida y tan necesaria visita al inmueble para que sea determinante ante un fragrante incumplimiento del contrato de alquiler -suscrito con dicho inquilino- amén del escrupuloso cumplimiento de las directrices marcadas por las autoridades en materia de sanidad, poniendo –si fuese necesario- toda la documentación a disposición de la autoridad que ostente el poder de ordenar una actuación inmediata y consecuente ante tan flagrante riesgo contra la salud de las personas; contemplando –si fuese necesario- para su erradicación, una orden de desahucio. 

Es por ello que el colectivo vecinal, solicita a los medios de comunicación -como parte de su cometido y deber hacia la sociedad- que trasladen a la opinión pública todo lo expuesto, así como invitar a tantos de ellos como decidan, visitar el edificio para la comprobación de los hechos relatados.