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El juicio por el caso Terra Mítica cuenta con 38 personas acusadas de delitos contra la hacienda pública

Las defensas de los principales acusados en el macroproceso de Terra Mítica, entre ellos los exdirectivos del parque, han reclamado hoy la prescripción de los delitos contra la Hacienda pública y falsedad, así como la nulidad de las grabaciones efectuadas por dos exdiputados socialistas que denunciaron el caso.

En la primera de las 69 sesiones previstas en este juicio en la Audiencia de Valencia, dedicada a cuestiones previas, las defensas de estos acusados y también la representación legal del parque Terra Mítica han reclamado la prescripción de los delitos fiscales relacionados con las declaraciones de IVA de los años 2000 y 2001.

En total, se juzga un supuesto fraude superior a los cuatro millones de euros, en el que habrían colaborado exdirectivos de este parque temático ubicado en Benidorm y multitud de empresarios, mediante la presentación de facturas falsas.

El abogado del empresario Vicente Conesa ha sido uno de los más exhaustivos en su intervención y el primero en reclamar la nulidad de las citadas grabaciones, efectuadas por los exdiputados socialistas José Camarasa y Toni Such a Antonio Moreno y José Herrero, empresarios procesados en esta causa.

Sobre los 35 procesados, entre ellos el primer director general Miguel Navarro; el expresidente del consejo Luis Esteban; el ex director técnico Antonio Rincón; y el exresponsable de Contratación Justo Valverde, pesan cargos contra la Hacienda pública, estafa y falsificación de documento mercantil.

Inicialmente, los procesados eran 38, pero, durante una instrucción de más de diez años, uno de ellos ha fallecido y en otros dos casos se ha acordado el sobreseimiento.

Las defensas han reclamado al tribunal que permita que los procesados se ausenten de las sesiones para poder atender sus diversas ocupaciones profesionales, con el compromiso de acudir cuando sean reclamados para prestar declaración.

El fiscal se ha opuesto, aunque ha reconocido que es habitual dispensar a los procesados en este tipo de macroprocesos, y ha pedido que se garantice la presencia tanto en el momento de declarar como en los informes finales.

Por el momento, la presidencia ha dispensado de asistencia a dos de los procesados, que mañana debían someterse a pruebas médicas.

Igualmente, se ha pedido al tribunal que resuelva las peticiones de prescripción antes de que prosiga el juicio oral y se ha insistido en que “no tendría sentido esperar a pronunciarse sobre ello en la sentencia”.

La sala deberá responder a estas peticiones el próximo miércoles, dado que la jornada de mañana se reserva para que las defensas acaben de presentar sus cuestiones previas.

De acordar la prescripción de los delitos de falsedad y contra la Hacienda pública, únicamente se juzgaría el de estafa.

El abogado del ex director técnico del parque, Antonio Rincón, ha preguntado a la sala por la personación delPSPV-PSOE en la causa, dado que inicialmente fueron parlamentarios socialistas quienes denunciaron, y este letrado tenía previsto plantear cuestiones previas respecto al escrito de acusación firmado por estos diputados.

La presidencia ha ordenado un receso para resolver sobre este asunto y confirmar que efectivamente el PSPVdesistió en su acusación tras presentar el escrito de acusación.

Sobre las citadas conversaciones, grabadas por diputados socialistas a los empresarios Moreno y Herrero, el abogado de Vicente Conesa ha explicado que fueron tomadas “de forma subrepticia, mucho después de que ambos estuviesen imputados”, se tomaron sin su conocimiento y, supuestamente, bajo la promesa de recibir ayuda para sufragar sus gastos de defensa.

Estas grabaciones, en opinión del letrado, son rechazables y vulneran la legalidad del proceso, ya que “la conversación hubiese tenido otros derroteros si todos los interlocutores hubiesen sabido que era grabada”.

Varios abogados del turno de oficio han reclamado la “ayuda” del tribunal para que se alcance un acuerdo y se cubra “de forma medianamente digna” sus retribuciones, que son de 14 euros por sesión, según han explicado, una cantidad con la que además deben hacer frente a las copias de documentos que quieran repartir a las partes.

“La Conselleria de Justicia -ha denunciado uno de estos abogados del turno de oficio- no se ha pronunciado sobre el carácter excepcional de este proceso, que no viene regulado en los baremos salariales”, motivo por el cual han pedido la suspensión del juicio hasta que se acuerden, previo convenio con la Generalitat, mayores retribuciones.

AGENCIA EFE

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