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Crevillente paga a 30 días mientras Benidorm llega a 430

La elevada morosidad del sector público —lastrado por una caída en picado de los ingresos— se ha convertido en uno de los principales lastres para la recuperación económica. La Generalitat, las Diputaciones y los Ayuntamientos adeudan más de 6.500 millones a los proveedores, de acuerdo con los datos aportados por las organizaciones empresariales que más contratan con las Administraciones Públicas.

En plan de pagos a proveedores arbitrado por el Gobierno central ha permitido aflorar numerosas facturas del sector público, que hará frente a sus retrasos en el pago gracias a un crédito a diez años, con una carencia de dos, y a un tipo de interés del cinco por ciento.

Sin embargo, los empresarios que contratan con la Administraciones consideran necesario hallar una solución de carácter estructural que garantice que en los próximos meses se eviten situaciones como las de demorar en los pagos que alcanzan hasta 884 días, según se desprende de un informe sobre el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). La patronal Farmaindustria apunta a la Comunidad Valenciana como la autonomía que peor paga.

Las Diputaciones cumplen

La actual Ley de Morosidad establece que las administraciones tienen 50 días de máximo para pagar a sus proveedores y, en caso de sobrepasar este plazo, los acreedores tendrían derecho a unos intereses de demora que, de no quedar establecidos por contrato, se regirían por el tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de financiación (subasta a tipo fijo) más siete puntos porcentuales.

Sin embargo, el cumplimiento del plazo legal se ha convertido en el caso excepcional donde sobresalen ayuntamientos como el de Crevillente, que paga sus facturas a treinta días. En el caso de Valencia, los pagos inferiores a los 6.000 euros se abonan en un plazo medio de cuarenta días, de acuerdo con fuentes municipales. En el caso de las facturas de importe superior la media se eleva al menos hasta los tres meses de carencia. En el lado contrario entre los consistorios se encuentra Benidorm, que abona sus facturas a 430 días de la contratación.

En cuanto a las tres diputaciones provinciales los datos oficiales también confirman que cumplen con la normativa vigente. La Diputación de Castellón paga sus facturas en un plazo medio de 41,78 días, según recoge el informe de la Comisión Especial de Cuentas de la corporación. La Diputación de Valencia, por su parte, abona sus deudas en un término que no supera los cincuenta días, de acuerdo con el diputado encargado del área económica, Máximo Caturla.

En Alicante, César Asencio también ocupa el cargo de vicepresidente de la Diputación y asume las competencias en materia de contratación. En los últimos meses, la Corporación que preside Luisa Pastor ha puesto en marcha fórmulas que permiten aligerar los trámites burocráticos y fijar el periodo medio de pago en la horquilla que oscila entre los veinticinco y los treinta días. Las tres Diputaciones tienen el denominador común de que presentan superávits en sus cuentas anuales. Una circunstancia que contrasta con el elevado déficit que presenta la Administración autonómica, que en 2011 superó los 1.542 millones de euros, de acuerdo con la liquidación efectuada por el Ministerio de Hacienda.

El origen de los números rojos se encuentra en una caída sin precedentes en los ingresos a niveles de 2004, sin que esta proporción se haya trasladado a los gastos, que a pesar de planes de ahorro y austeridad exceden la capacidad financiera del Consell, lastrado por el peso de las competencias en sanidad y educación.

La industria farmacéutica

Esta situación explica retrasos en pagos relativos a material sanitario y farmacéutico, que oscilan entre los 700 y los 884 días. Los grandes laboratorios con músculo financiero son capaces de soportar demoras superiores a los dos años. En el lado contrario se sitúan pequeñas empresas que no resisten la morosidad pública y han sido condenadas al cierre. Es el caso de las 5.600 firmas del ramo de la obra pública que han quebrado en los dos últimos ejercicios, según los cálculos de la Cámara de Contratistas. Las constructoras de obra civil reclaman una deuda cercana a los 1.800 millones de euros.

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