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Agustín Navarro sitúa a Benidorm al borde de la intervención estatal

Un callejón sin salida para el alcalde «tránsfuga» reintegrado en el PSOE, Agustín Navarro. El Ayuntamiento de Benidorm está al borde de ser intervenido por el Estado después de que los dos grupos de la oposición, PP y los Liberales de Gema Amor, tumbaran ayer el plan de ajuste que había elaborado el equipo de gobierno socialista para pagar los 57,6 millones de euros que adeuda a los proveedores. Todo ello, en un Pleno de alta tensión, que la concejal de Hacienda, Natalia Guijarro, abandonó entre lágrimas mientras Agustín Navarro advertía que probablemente el Ayuntamiento no podrá pagar las nóminas a su más de un millar de funcionarios para culpar luego de esa circunstancia al PP.

Según explicó el interventor municipal, al no salir adelante el plan de ajuste el Gobierno central retendrá durante los tres próximos años la aportación económica que realiza al Ayuntamiento —por un importe que ronda los 15 millones de euros anuales— y este dinero servirá para liquidar el crédito ICO que ha permitido saldar la deuda con los proveedores. Un hecho que agrava la situación de ingobernabilidad del municipio y revela, de nuevo, la urgencia de alcanzar una nueva mayoría que dé estabilidad al Ayuntamiento.

Subida de impuestos

Durante el pleno, el portavoz popular, Manuel Pérez Fenoll, expresó el rechazo categórico de su grupo al plan de ajuste, porque implicaba una subida generalizada de todos los tributos y tasas que sufragan los ciudadanos. El equipo de gobierno socialista pretendía subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la tasa de agua y alcantarillado, el impuesto de vehículos (con una subida del 30%), así como las tasas y precios públicos de las instalaciones deportivas (en un 18%) y de las escuelas infantiles (en un 13%).

Pero además, indicaron los populares, el plan de ajuste constituye un auténtico «brindis al sol», al comprometer un recorte del 25% en el coste de todas las concesiones y contratas en vigor. Fuentes populares consultadas por ABC recordaron ayer que la contrata de limpieza viaria y recogida de basuras le cuesta al Ayuntamiento 20 millones de euros al año. El servicio está adjudicado en un concurso público, por lo que la empresa que lo presta puede negarse a rebajar esta cantidad hasta los 15 millones.

El pleno contó con la presencia, entre el público, de un centenar de funcionarios y agentes de la Policía Local, que habían expresado su rechazo al recorte de sus retribuciones que pretendía aplicarles la edil Natalia Guijarro. Según fuentes sindicales, el sueldo de un policía local se vería reducido en cerca de 400 euros al mes con la bajada de los complementos y trienios prevista en el plan de ajuste. El presidente de la Junta de Personal, Francisco Ángel González, reclamó ayer que se recorten los complemento de productividad de hasta 900 euros al mes que cobran algunos cargos de confianza —como el propio padre de la edil Natalia Guijarro—, antes que tomar medidas tan agresivas sobre la plantilla.

«Ojalá no cobréis»

El malestar de los funcionarios decantó finalmente el voto de los tres ediles de Liberales de Benidorm que, junto a los 11 concejales del PP, impidieron que el plan de ajuste se aprobara. Entre duras descalificaciones, el regidor Agustín Navarro indicó que si en los próximos meses el Consistorio no puede pagar las nóminas de los funcionarios será culpa del PP. Esta acusación provocó otro incidente en el pleno, cuando la cuñada del alcalde, que ocupa un puesto de confianza en la Concejalía de Participación Ciudadana, se dirigió a los funcionarios diciendo: «Ojalá os quedéis sin cobrar el mes que viene». En su intervención, Pérez Fenoll recordó que de las 4.712 factura que el Ayuntamiento tenía sin pagar, sólo 509 corresponden a la etapa del PP, mientras que el resto proceden de la deuda contraída por el PSOE.

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